El debate sobre la secesión de Cataluña (di Josep Maria Castellà Andreu)

Parlamento della Catalogna

1. La escalada secesionista

En medio de la crisis económica y social por la que atraviesa España, que está afectando al desarrollo del Estado autonómico, ha estallado la crisis de integración de Cataluña en el Estado, cuya más reciente y grave manifestación ha sido la demanda secesionista de sectores importantes de la opinión pública catalana. El punto de partida se sitúa en la manifestación multitudinaria celebrada en Barcelona el 11 de septiembre de 2012, que llevó a las fuerzas nacionalistas a impulsar el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la celebración de un referéndum o “consulta” sobre el mismo. Pero el problema se ha ido acentuando en la última década con: (i) el rechazo por las Cortes del Estatuto de autonomía tal y como había sido aprobado por el Parlamento catalán en 2005; (ii) la posterior declaración de inconstitucionalidad e interpretación restrictiva del Estatut llevada a cabo por el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010; y últimamente (iii) la falta de acuerdo entre los gobiernos español y catalán sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña basada en el sistema de concierto (el llamado “pacto fiscal”).

El Parlament aprobó el 27 de septiembre de 2012 una resolución con los votos a favor de CiU, ERC, ICV, SI (86), con los votos en contra de PPC y C’s (21) y la abstención del PSC (25) en la que se afirma el fracaso de los intentos de encaje de Cataluña en el Estado. El Parlament “expresa la necesidad de que Cataluña siga su propio camino y que el pueblo catalán pueda decidir libre y democráticamente su futuro colectivo”. Para llevarlo a cabo, reclaman el máximo consenso posible y un diálogo “con la comunidad internacional, la Unión Europea y el gobierno español”. La resolución concluye con la invitación “al Gobierno a hacer una consulta, prioritariamente en la próxima legislatura”.

El Presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), disolvió el Parlament de forma anticipada y convocó elecciones para el 25 de noviembre de 2012, a las que concurrió con una propuesta de celebrar una consulta sobre el derecho a decidir de los catalanes y la creación de un Estado propio. En cambio, en el programa electoral con el que CiU se presentó a las anteriores elecciones de 2010 se abogaba por un pacto fiscal, que mejorase la financiación catalana.

Los inesperados resultados de las elecciones (CiU 50 diputados; ERC 21; PSC 20; PP 19; ICV 13; C’s 9; CUP 3), con la mayor participación habida en comicios autonómicos desde 1980 (70%), se han interpretado de muchas maneras. En el fondo, la correlación de fuerzas partidarias del derecho de autodeterminación ha cambiado poco respecto a 2010: CiU, ERC y CUP (de 76 a 74 escaños). Asimismo, tampoco han variado los escaños de los que quieren celebrar una consulta: además de los anteriores, ICV (de 86 a 87). Pero lo que es indudable es la mayor dificultad de la fuerza mayoritaria para sacar adelante su programa, y el hundimiento de las dos fuerzas hasta ahora principales que pierden 20 escaños (12 CiU y 8 PSC) en beneficio de posiciones más polarizadas (ERC gana 11; C’s 6; ICV 3; CUP 3 y PPC 1). En cualquier caso, no se puede olvidar que el comportamiento electoral no responde a la misma lógica cuando se trata del voto a partidos que del voto en un referéndum. El pacto de Legislatura entre CiU y ERC (Pacte per la llibertat: acord per a la transició nacional i per a garantir l’estabilitat parlamentària del Govern) da prioridad a la agenda separatista (celebración de una consulta en 2014). Ni siquiera es descartable la celebración de nuevas elecciones tras un año desde la anterior disolución (mínimo legal exigido una vez formado gobierno), en función de la estabilidad que ofrezca el pacto suscrito con ERC y el de la misma federación nacionalista. Debe añadirse la división de las fuerzas políticas de Cataluña sobre el modelo de relación con el resto de España: desde posiciones federalistas asimétricas (PSC), confederalistas (Unió e ICV), hasta independentistas (ERC, Convergència) pasando por las partidarias de un poco precisado “autonomismo diferencial” (PPC).

El Parlament que salió de las urnas aprobó en el primer pleno ordinario (23 de diciembre de 2012) una resolución sobre el inicio del “proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir”, en la que se declara al pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” por 85 votos (CiU, ERC, ICV y 1 CUP), 41 votos en contra (PSC, PPC y C’s), y 2 abstenciones (CUP). No votaron 5 diputados del PSC por desacuerdo con la dirección del partido. Se trata de una declaración con efectos simbólicos que en sí misma no supone ningún acto de secesión. En cambio, en el primer borrador propuesto por CiU y ERC se destacaba el derecho de autodeterminación y la voluntad de hacer efectiva la constitución de Cataluña en un “nuevo Estado dentro del marco Europeo”. Desde 1989 el Parlament ha aprobado varias declaraciones sobre el derecho de autodeterminación, aunque ésta da un paso más al hablar expresamente de soberanía. El Gobierno del Estado ha decidido recurrir la declaración ante el Tribunal Constitucional a través del procedimiento del art. 161.2 CE.

2. Respuestas jurídicas

Ante la demanda de una consulta y los efectos de la misma para el futuro del Estado, algunos constitucionalistas han explorado posibilidades constitucionales al respecto en artículos de prensa[1]. Tampoco han faltado manifiestos y posicionamientos de intelectuales y juristas defendiendo un Estado federal o incluso un estatuto de libre asociación para Cataluña, parecido a una confederación.

Existe un precedente en España de intento de llevar a cabo una consulta, en aquella ocasión sobre el “derecho a decidir del pueblo vasco”, y en la que se propugnaba un acuerdo de nueva relación entre dos sujetos, el País Vasco y el Estado español, de tipo confederal (Ley vasca de 2008). La sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008, al analizar los motivos de inconstitucionalidad de la ley vasca, sostiene que esta consulta afecta “al fundamento del orden constitucional vigente (en la medida en que supone la reconsideración de la identidad y unidad del sujeto soberano o, cuando menos, de la relación que únicamente la voluntad de éste puede establecer entre el Estado y las Comunidades Autónomas) y por ello solo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional”. Por tanto, ha de ser objeto de una reforma constitucional y no puede ser legislado por una ley autonómica ni tampoco por una ley estatal. Ello debe completarse con la consideración reiterada del propio Tribunal sobre la inexistencia de límites materiales a la reforma constitucional (STC 48/2003, FJ 7). Adviértase que esta doctrina del Alto Tribunal excluye tanto la previsión por ley de un referéndum de autodeterminación como también de un nuevo estatuto jurídico entre el Estado y una Comunidad Autónoma. Esta conclusión nos avoca a la reforma constitucional sin atajos. Dicha reforma constitucional, según el art. 168 CE, requeriría el acuerdo de 2/3 de las dos cámaras de las Cortes, su disolución y que el nuevo Parlamento volviera a aprobar la reforma. Al final del proceso, el pueblo español debería ratificar en referéndum la reforma aprobada.

Dada la dificultad que entraña la reforma constitucional, se han apuntado varias vías jurídicas para poder llevar a cabo un referéndum prospectivo en Cataluña antes de emprender la revisión de la Constitución. El camino no es fácil puesto que la Constitución española, como sucede con las de los Estados federales, no contempla la posibilidad de que una parte de su territorio se separe. Así, en principio se han apuntado dos posibilidades, de las que solo la segunda me parecería jurídicamente posible, aunque no sea fácil:

a) a través de una ley catalana. La ley catalana de referéndum (ley 4/2010) solo permite convocar referéndum si afecta a materias de la competencia de la Generalitat, lo que no sería el caso de un referéndum sobre la autodeterminación, pues va más allá de ellas. Además, según la ley catalana, la convocatoria del referéndum requiere la autorización del Gobierno del Estado (art. 149.1.32 CE), y es difícil pensar que la concediera. Asimismo, en la última legislatura (2010-12) el Gobierno catalán presentó al Parlament un proyecto de ley, que no fue aprobado por la disolución del mismo, sobre “consultas no referendarias”. En este caso no se preveía la autorización de la convocatoria de la “consulta” por el Gobierno del Estado. En el pacto entre CiU y ERC suscrito al inicio de la presente legislatura se insiste en aprobar una ley en este sentido. Pero una ley de consultas no referendarias seguramente sería impugnada ante el Tribunal Constitucional y suspendida su vigencia a propuesta del Gobierno estatal, con el argumento de que dicha “consulta” se asemeja sustancialmente a un referéndum, aunque no se llame así, ya que entraña una llamada directa a la ciudadanía mediante el voto.

b) a través de la reforma de la Ley orgánica de referéndum de 1980. Ésta solo admite un referéndum consultivo autorizado por el Congreso a propuesta del presidente del Gobierno sobre decisiones de especial trascendencia política, de acuerdo con el art. 92 CE. Literalmente parece que se debe convocar a todos los ciudadanos españoles, y no a una parte de ellos, como serían solo los catalanes. Si se supera esta objeción, podría pensarse en un referéndum en que la pregunta a los ciudadanos catalanes tendría que ser si están de acuerdo en que el Parlamento de Cataluña proponga una reforma de la Constitución para incluir el derecho de autodeterminación. Su convocatoria correspondería al Estado. Deberían precisarse los términos de dicho referéndum: la pregunta y la campaña. Los efectos del referéndum son jurídicamente consultivos.

Ahora bien, en caso de un hipotético resultado favorable a la autodeterminación, ¿se abriría un proceso de reforma constitucional? ¿O más bien sería en si mismo un acto de ruptura constitucional y del Estado de consecuencias imprevisibles? Estaríamos ante un momento político o fáctico, que no tiene encaje jurídico-constitucional. ¿se produciría una negociación de la secesión con las autoridades españoles? ¿se iría a una declaración de independencia unilateral? No hay respuestas previsibles a tales preguntas por ahora. En caso de vulneración del orden jurídico ¿cuál sería la respuesta del gobierno español? ¿y cuál la de la Unión Europea?

Es sabido que no hay una previsión expresa del Derecho comunitario europeo ni tampoco antecedentes de secesión en un Estado miembro de la Unión. De ahí que no haya evidencia sobre si el nuevo Estado formaría parte automática de la Unión Europea o debería salir y pedir su ingreso. En este último caso, de aplicar la regla general de admisión de terceros Estados, cualquier Estado miembro podría vetarla. De hecho, el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, se expresó en estos términos. Según los sondeos, este es un punto muy relevante a la hora de posicionarse los ciudadanos sobre la independencia: la posibilidad de una Cataluña fuera de la Unión Europea hace caer el número de partidarios.

3. A partir de ahora ¿qué?

Una vez actualizado el mapa político catalán tras las elecciones de noviembre de 2012, debería ser el momento adecuado para un replanteamiento de las relaciones de Cataluña con el Estado, además de buscar una salida adecuada a la actual organización territorial del Estado, puesta a prueba por la crisis económica. Jurídicamente la solución no es fácil. Y ahí entra la política: no se puede transitar esta vía sin un gran pacto de Estado entre las fuerzas políticas mayoritarias (PP-PSOE) y con las fuerzas nacionalistas de gobierno en Cataluña. Entran entonces en escena cuestiones como el cambio del modelo de financiación o la reforma del modelo de Estado, con reconocimiento de una mayor autonomía política para Cataluña (y para el País Vasco). Está por ver si hay voluntad política de uno y otro lado para llegar a soluciones negociadas que eviten la ruptura.


[1] Ver F. de Carreras, “¿Un referéndum?”, La Vanguardia, 20 de septiembre de 2012; F. Rubio Llorente, “Un referéndum para Cataluña”, El País, 8 de octubre 2012 y “Un referéndum que nadie quiere”, El País,11 de febrero de 2013; J. Vintró, “Legalidad y referéndum en Catalunya”, La Vanguardia, 2 de noviembre de 2012.

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Il dibattito sulla secessione della Catalogna

1. La spirale secessionista

Nel mezzo della crisi economica e sociale che la Spagna sta attraversando, la quale sta avendo dirette conseguenze anche sullo sviluppo dello Stato “autonómico”,  è esplosa la crisi riguardante la collocazione della Catalogna nell’organizzazione territoriale dello Stato spagnolo, la cui  più recente e grave manifestazione è stata la richiesta di una svolta verso la secessione espressa da settori importanti dell’opinione pubblica catalana. Il punto di partenza coincide con la manifestazione svoltasi a Barcellona l’11 settembre del 2012, caratterizzata da una massiccia partecipazione popolare, che ha  indotto le forze nazionaliste ad intraprendere iniziative dirette a conseguire  il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione e in particolare a rendere possibile lo svolgimento  di un referendum o di una consultazione popolare (“consulta”) sullo stesso diritto. Tuttavia, a ben vedere, il problema è andato assumendo un rilievo crescente nel corso dell’ultimo decennio, segnatamente: (i) per il rigetto da parte delle Cortes dello Statuto di autonomia nella versione che era stata approvata dal Parlamento catalano nel 2005; (ii) per la dichiarazione di inconstituzionalità e per l’interpretazione restrittiva dello Statuto in seguito effettuate dal Tribunale costituzionale nella sentenza n. 31/2010; e, da ultimo, (iii) per il mancato raggiungimento di un accordo fra il governo spagnolo e quello catalano intorno a un nuovo modello di finanziamento per la Catalogna, che fosse basato sul sistema della concertazione (“concierto”: il cosiddetto “pacto fiscal”).

Il 27 settembre del 2012 il Parlamento catalano ha approvato, con i voti favorevoli di CiU, ERC, ICV, SI (86), con quelli contrari di PPC e C’s (21) e l’astensione del PSC (25), una risoluzione nella quale si afferma il fallimento dei tentativi di inquadrare la Catalogna nella struttura dello Stato. Il  Parlament “esprime la necessità che la Catalogna prosegua nel proprio cammino e che il popolo catalano possa decidere liberamente e democraticamente il proprio futuro collettivo”. Per conseguire questo risultato, si richiede il massimo consenso possibile e si invoca un dialogo “con la comunità  internazionale, l’Unione Europea e il governo spagnolo”. La risoluzione si conclude con l’invito “al Governo a svolgere una consultazione popolare, come priorità nella prossima legislatura”.

Il Presidente della Generalitat, Artur Mas (CiU), ha quindi sciolto anticipatamente il Parlamento e indetto nuove elezioni per il 25 noviembre del 2012, alle quali ha partecipato proponendo di svolgere una consultazione sul diritto a decidere dei catalani e la creazione di un loro proprio Stato, laddove nel programma elettorale con il quale CiU si era presentata alle precedenti  elezioni del 2010 si era invece sostenuta l’esigenza di un patto fiscale che migliorasse il sistema di finanziamento della Catalogna.

I risultati inattesi delle elezioni (CiU 50 deputati; ERC 21; PSC 20; PP 19; ICV 13; C’s 9; CUP 3), caratterizzati dall’affluenza più alta registrata nelle elezioni regionali a partire dal 1980 (70%), sono stati interpretati in tanti modi. In definitiva, la consistenza delle forze sostenitrici del diritto all’autodeterminazione è cambiato poco rispetto al 2010: CiU, ERC e CUP passano da 76 a 74 seggi. Similmente non è mutato in maniera significativa il numero di seggi ottenuti da coloro che vogliono lo svolgimento di una consultazione popolare in proposito: se in aggiunta alle forze appena ricordate si considera ICV il dato complessivo è passato da 86 a 87 seggi. Però ciò di cui non si può dubitare sono le accresciute difficoltà che la forza di maggioranza relativa incontrerà nella realizzazione del proprio programma e il forte calo delle due forze fino a quel momento più importanti, che hanno perso 20 seggi (12 CiU e 8 il PSC) a favore di forze le cui posizioni sono più polarizzate (ERC ha guadagnato 11 seggi rispetto alle elezioni precedenti; C’s 6; ICV 3; CUP 3 e il PPC 1). In ogni caso non si deve dimenticare che il comportamento degli elettori corrisponde a logiche diverse quando essi sono chiamati a dare il loro voto a partiti e quando invece sono chiamati ad esprimerlo in un referendum. Il patto di legislatura fra CiU e ERC (Pacte per la llibertat: acord per a la transició nacional i per a garantir l’estabilitat parlamentària del Govern) dà la priorità all’agenda separatista (svolgimento di una consultazione popolare nel 2014). Neppure  si può escludere lo svolgimento di nuove elezioni a distanza di un anno dal precedente scioglimento (termine minimo  previsto dalla legge una volta che sia stato formato il nuovo governo), secondo il  livello di stabilità che sarà garantito dal patto sottoscritto con ERC e da quello fra le componenti della stessa federazione nazionalista. A ciò si aggiunge la mancanza di accordo fra le forze politiche catalane circa il modello cui devono essere improntate le relazioni con il resto della Spagna: sotto questo aspetto si va da posizioni favorevoli ad un federalismo asimmetrico (PSC) a posizioni favorevoli all’ipotesi di una confederazione (Unió e ICV) fino a quelle indipendentiste (ERC, Convergència), passando per quelle a favore di un non ben precisato “autonomismo differenziale” (PPC).

Il Parlamento scaturito dalle urne ha approvato nella prima seduta plenaria ordinaria (23 dicembre 2012) una risoluzione sull’inizio del “processo diretto a rendere effettivo l’esercizio del diritto a decidere”, nella quale il popolo della Catalogna viene dichiarato “soggetto politico e giuridico sovrano” , con 85 voti a favore (CiU, ERC, ICV e 1 deputato di CUP), 41 voti contrari (PSC, PPC e C’s), e 2 astensioni (CUP). 5 deputati del PSC non hanno votato, in disaccordo con la linea stabilita dalla direzione del partito. Si tratta di una dichiarazione con effetti simbolici che in sé non implica alcun atto di secessione, laddove nella prima bozza proposta da CiU e ERC risaltavano il diritto all’autodeterminazione e la volontà di rendere effettiva la costituzione della Catalogna “come nuovo Stato nel quadro europeo”. Dal 1989 il Parlamento ha approvato diverse  dichiarazioni sul diritto all’autodeterminazione, e tuttavia quest’ultima rappresenta un salto qualitativo poiché parla espressamente di sovranità. Il Governo dello Stato ha deciso di presentare ricorso nei confronti della dichiarazione di fronte al Tribunale costituzionale mediante il procedimento previsto dall’ art. 161.2 CE.

2. Risposte sul piano giuridico

Dinanzi alla richiesta di una consultazione popolare e agli effetti della stessa sul futuro dello Stato, alcuni costituzionalisti si sono interrogati sulla sua ammissibilità e sulle sue implicazioni alla luce delle previsioni costituzionali in articoli pubblicati sulla stampa quotidiana[1]. Non sono mancati nemmeno manifesti e prese di posizione da parte di intellettuali e giuristi che si sono espressi a  favore di uno Stato federale e anche di uno statuto di libera associazione per la Catalogna, simile a una confederazione.

In Spagna vi era stato già in precedenza tentativo di svolgere una consultazione di questo tipo, più   specificamente riguardante il “diritto a decidere del popolo basco”: con essa si intendeva  dare impulso ad un accordo diretto a configurare un  nuovo rapporto, di tipo confederale, fra il Paese basco e lo Stato spagnolo (la “consulta” in questione era stata prevista da una legge basca del 2008). La sentenza n. 103/2008 del Tribunale costituzionale, nell’analizzare i motivi di incostituzionalità della legge basca, sostiene che questa consultazione incide sul “fondamento dell’ordinamento costituzionale vigente (nella misura in cui implica la messa in discussione dell’identità e unità del soggetto sovrano o, quanto meno, della relazione che unicamente la volontà di questo può stabilire fra lo Stato e le Comunità autonome) e perciò può essere oggetto di consultazione popolare soltanto per mezzo del referendum di revisione costituzionale”. Pertanto, deve essere oggetto di una riforma costituzionale e non può essere prevista e disciplinata da una legge “autonómica” né da una legge statale. A ciò devono aggiungersi aggiungersi le considerazioni ripetutamente espresse dallo stesso Tribunale circa l’inesistenza di limiti materiali alla revisione costituzionale (STC 48/2003, FJ 7). Si noti che questa dottrina dell’Alto Tribunale esclude tanto la previsione per legge di un referendum sull’autodeterminazione quanto del pari quella di un nuovo statuto giuridico dei rapporti fra lo Stato e una Comunità autonoma. Questa conclusione ci conduce alla riforma costituzionale senza ammettere scorciatoie. Tale riforma costituzionale, secondo l’art. 168 CE, richiederebbe l’accordo di 2/3 delle due Camere delle Cortes, quindi il loro scioglimento  e infine che il nuovo Parlamento nazionale approvasse la riforma una seconda volta. A conclusione del procedimento, il popolo spagnolo dovrebbe ratificare attraverso un  referendum la riforma approvata dal Parlamento.

Date le difficoltà comportate dalla riforma della Costituzione, sono state indicate varie soluzioni giuridiche per poter consentire lo svolgimento di un referendum  in Catalogna prima di dare avvio al procedimento di revisione della Costituzione, nella prospettiva di tale sbocco. Il cammino non è facile posto che la Costituzione spagnola, come avviene in quelle degli Stati federali, non contempla la possibilità che una parte del territorio nazionale si separi dal resto. Così, in linea di principio sono state indicate due ipotesi, delle quali solo la seconda mi sembrerebbe giuridicamente ammissibile, sebbene non sia facilmente praticabile:

a) attraverso una legge catalana. La legge catalana in materia di referendum (legge n. 4/2010)  permette di indire un referendum esclusivamente se questo riguarda materie rientranti nella competenza della Generalitat, ciò che non avverrebbe nel caso di un referendum sull’autodeterminazione, che non vi è ricompresa. Inoltre, secondo la legge catalana, l’indizione del referendum presuppone l’autorizzazione del Governo dello Stato (art. 149.1.32 CE), ed è difficile pensare che questa sarebbe concessa. Così, nella passata legislatura (2010-12) il Governo catalano aveva sottoposto all’esame del Parlament un progetto di legge sulle “consultazioni popolari non referendarie”, poi non approvato a causa dello scioglimento dell’organo. In questo caso non si prevedeva che l’indizione della “consulta” dovesse essere previamente autorizzata dal Governo dello Stato. Nel patto tra CiU e ERC sottoscritto all’inizio della legislatura in corso si insiste sull’esigenza di  approvare una legge di questo tipo. Però una legge che prevedesse consultazioni popolari non referendarie sarebbe sicuramente impugnata davanti al Tribunale Costituzionale e la sua entrata in vigore sarebbe sospesa per iniziativa del Governo dello Stato, in base all’argomento secondo cui tale “consultazione” è nella sostanza molto simile a un referendum, benché non sia così chiamata, poiché essa comporta una chiamata diretta della cittadinanza ad esprimersi mediante il voto.

b) attraverso la riforma de la Legge organica in materia di referendum del 1980. Quest’ultima ammette soltanto che possa svolgersi un referendum consultivo autorizzato dal Congresso dei Deputati su proposta del presidente del Governo con riguardo a decisioni di speciale rilevanza politica, in conformità a quanto previsto dall’art. 92 CE. In base alla lettera della legge sembra che debbano essere chiamati a partecipare tutti i cittadini spagnoli, e non soltanto una parte di essi, come in ipotesi i soli catalani. Ammettendo che questa obiezione possa essere superata, si potrebbe pensare ad un referendum nel quale il quesito rivolto ai cittadini catalani dovrebbe essere congegnato in maniera tale da domandare se essi siano favorevoli all’ipotesi che il Parlamento della Catalogna proponga una riforma della Costituzione diretta ad introdurvi il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione. L’indizione di un simile referendum spetterebbe allo Stato. Resterebbero da precisare le sue concrete modalità di svolgimento: in particolare per quanto riguarda il quesito e la  fase compresa fra l’indizione e il voto. Sul piano giuridico il referendum avrebbe natura meramente consultiva.

Orbene, nel caso di un ipotetico risultato favorevole all’ autodeterminazione, si aprirebbe un procedimento di riforma della Costituzione? O piuttosto, laddove si verificasse un esito di questo tipo, il referendum  costituirebbe di per sé un atto di rottura dell’ordinamento costituzionale dello Stato, dal quale deriverebbero conseguenze imprevedibili? Ci troveremmo al cospetto di un avvenimento di rilievo esclusivamente politico e fattuale, non inquadrabile ad un livello giuridico-costituzionale. Seguirebbe una fase nella quale la secessione sarebbe negoziata con la autorità spagnole? Si andrebbe verso una dichiarazione di indipendenza unilaterale? Per il momento non è possibile individuare risposte certe per queste domande. Nel caso in cui si verificasse un grave vulnus dell’ordinamento, quale sarebbe la reazione del Gobierno spagnolo? E quale quella dell’ Unione Europea?

È noto che nel diritto comunitario europeo non vi è una previsione espressamente riferita ad una simile eventualità  né  vi sono precedenti di secessioni verificatesi all’interno di uno Stato membro. Da ciò deriva l’impossibilità di stabilire con certezza se il nuovo Stato entrerebbe automaticamente  a far parte dell’Unione Europea o dovrebbe invece uscirne per poi chiedere di esservi ammesso. In quest’ultimo caso, se si dovesse applicare la regola generale prevista per l’ammissione di Stati terzi, qualsiasi Stato membro potrebbe opporre il proprio veto. Di fatto, il presidente della Commissione europea, Durao Barroso, si è espresso in questi termini. Secondo i sondaggi, questo è un  profilo che assume una grande rilevanza nel momento in cui i cittadini definiscono la loro posizione rispetto alla questione dell’indipendenza: la possibilità di una Catalogna che resti al di fuori dell’Unione europea fa diminuire il numero di quelli a favore.

3. Quali prospettive?

Dopo l’aggiornamento del quadro politico catalano avutosi con le elezioni del novembre 2012, quello presente dovrebbe essere il momento adatto per la ridefinizione dei rapporti fra la Catalogna e lo Stato, oltre che per ricercare una soluzione ai problemi che attualmente interessano il modello di organizzazione territoriale dello Stato, posto a dura prova dalla crisi economica. Dal punto di vista giuridico la soluzione non è semplice. E qui che necessariamente entra in scena la politica: non si può percorrere questo cammino senza un grande patto che a livello statale sia sottoscritto fra le forze politiche maggioritarie (PP-PSOE) e che coinvolga altresì le forze nazionaliste che governano la Catalogna. Vengono quindi in considerazione questioni quali la modifica del modello di finanziamento o la riforma del modello di organizzazione territoriale dello Stato, con il riconoscimento di una maggiore autonomia politica per la Catalogna (e per il Paese Basco). Resta da vedere se vi sia, dall’una e dall’altra parte, la volontà politica di  giungere a soluzioni negoziate che evitino una rottura.


[1] Si veda F. de Carreras, “¿Un referéndum?”, La Vanguardia, 20 settembre 2012; F. Rubio Llorente, “Un referéndum para Cataluña”, El País, 8 ottobre 2012 e “Un referéndum que nadie quiere”, El País, 11 febbraio 2013; J. Vintró, “Legalidad y referéndum en Catalunya”, La Vanguardia, 2 novembre 2012.

Josep Maria Castellà Andreu

Profesor titular de Derecho Constitucional

Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona

Foto | Flickr.it

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23 risposte a El debate sobre la secesión de Cataluña (di Josep Maria Castellà Andreu)

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